El Defensor del Pueblo defiende a las abejas ante la muerte masiva posiblemente por fertilizantes en el campo
El informe de 2013 que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril,
ha entregado al Parlamento este jueves expone la actuación de oficio de
la institución ante la muerte masiva de abejas por la posible
utilización de fertilizantes en campos agrícolas en Santa Coloma de
Farners (Gerona).
El informe de 2013 que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado al Parlamento este jueves expone la actuación de oficio de la institución ante la muerte masiva de abejas por la posible utilización de fertilizantes en campos agrícolas en Santa Coloma de Farners (Gerona).
Así, la institución recuerda en su memora anual que sus actuaciones en defensa de las abejas comenzaron en 2007, cuando inició una actuación ante la Secretaría General del Medio rural a raíz de una queja que denunciaba la relación entre la pérdida de parte de la cabaña apícola en España y el uso de ciertos pesticidas.
Además, recuerda que en noviembre de 2009 ya sugirió que se revisaran las autorizaciones de algunas de las presentaciones comerciales de estos productos y se prohibieran, o al menos se aclararan, sus condiciones de utilización. Sin embargo, esta sugerencia fue rechazada.
Dos años más tarde, el Defensor del Pueblo formuló una nueva resolución para que se revocase las autorizaciones de las presentaciones de un pesticida neurotóxico, porque no se cumplían las condiciones preventivas de riesgos para las abejas apícolas y silvestres. En este caso, la Administración tampoco aceptó la propuesta.
Por ello, recuerda que la síntesis de estas actuaciones se reflejó en los informes anuales de 2009 a 2012, presentados a las Cortes Generales.
En 2013 el Defensor del Pueblo tuvo noticia de la muerte de, aproximadamente, un millón de abejas en una explotación apícola en Santa Coloma de Farners (Gerona) ante lo que la Generalitat de Cataluña ha tomado muestras para determinar la causa.
Al parecer, es la cuarta vez que estos hechos se repiten en la última década, y algunos apicultores consideran que los productos fitosanitarios en los campos agrícolas cercanos podría ser su origen.
La Comisión Europea, basándose en un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ha señalado que varios plaguicidas de la familia de los neonicotinoides suponen un riesgo agudo para las abejas, ya que afectan a su sistema nervioso y les causa parálisis e incluso la muerte.
Por esta razón, el Ejecutivo comunitario ha decidido prohibir la comercialización de cuatro pesticidas durante dos años, en sus Reglamentos de Ejecución (UE) números 485/2013 de la Comisión, y 781/2013 de la Comisión. El Defensor recuerda que la actuación con el Ministerio y la Generalitat sigue en curso.
DESCOORDINACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES
Por
otro lado, el informe del Defensor del Pueblo de 2013 denuncia la
descoordinación entre distintas administraciones y ha puesto de ejemplo
algunos casos, como la falta de acuerdo entre estas sobre quién ha de
adoptar medidas por los daños ocasionados en el monte Muxa (Lugo) a raíz de una competición motociclista en 2008.De los hechos han transcurrido seis años en los que la institución ha sugerido al Ayuntamiento que colaborara con la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Junta de Galicia. Ante la imposibilidad de obtener una resolución adecuada a la propuesta se han dado por finalizadas las actuaciones.
Además, la memoria anual señala que hay varias actuaciones de oficio iniciadas sobre distintos casos de descoordinación, algo que considera "un supuesto habitual recogido en casi todos los demás apartados dedicados al Medio Ambiente".
A este respecto, pone de ejemplo la descoordinación en casos como el varamiento de un grupo de cetáceos en la playa coruñesa de Mañón que no es un hecho aislado, sino que se da con cierta frecuencia en las playas españolas, por lo que el Defensor opina que la coordinación "debería ser habitual y no requerir especiales instrumentos jurídicos".
Por ello, plantea la utilidad de diseñar protocolos de actuación que se determinen en convenios multilaterales o bilaterales entre las administraciones estatal, autonómica e incluso local.
(EuropaPress)
